Lo que ellos llaman seguridad, es terrorismo de Estado.

Hace algunas semanas, todos los medios de comunicación bombardearon con noticias sobre un policía asesinado en San Isidro, priorizando sobre todo en el reclamo de más seguridad, y destacando que uno de los acusados del asesinato, que fue rápidamente aprehendido, ya había estado preso.
Es obvio que el mayor interés de estas noticias es reafirmar el consenso que intentan crear (y ya esta bastante afianzado) de que la solución a la problemática de la “inseguridad” es la mano dura.
En este sentido, como es de publico conocimiento, se modifica el código penal en perjuicio de los excluidos de la sociedad, con propuestas como bajar la edad de imputabilidad de los menores; suspensión de los beneficios de tratados de DDHH internacionales como por ejemplo el 2x1; o la aprobación de una ley abiertamente fascista como es “LA LEY ANTITERRORISTA”
Otro punto importante que la prensa nacional se ocupó de destacar, es que uno de los detenidos había estado preso. ¿Por qué? ¿Qué nos quisieron decir?
Entendemos que el Sistema Penitenciario Nacional, no se ocupa de reintegrar a la sociedad a aquellos ciudadanos que fueron condenados por algún delito; sino que por el contrario, alguien que estuvo preso sale siendo víctima de aún mas exclusión (por ejemplo les es casi imposible conseguir trabajo, habiendo purgado la pena).
Esto no es casual ni corresponde a la ineficiencia del Sistema Penal de nuestro país, sino que es una política de estado.
Por otro lado, las fuerzas de seguridad, se muestran sumamente eficientes a la hora de buscar y apresar a asesinos de policías, y no ocurre lo mismo con asesinos de personas civiles o casos en los que los inculpados son policías. Incluso en casos de resonancia e importancia nacional, como la desaparición de Julio López. Se podría pensar que esta ineficiencia y lentitud es voluntaria.
A esto se le suma que, los policías acusados de “gatillo fácil” reciben todos los beneficios que el sistema prevé, tales como prisión domiciliaria, condenación de la pena y cuando no, la absolución. Al mismo tiempo, los penales de la Argentina están colmados en su capacidad, y un 70 % de esta población está compuesta por ciudadanos que no tienen condena firme u otras irregularidades en sus derechos constitucionales.
Para no caer en cuestiones obvias solo restaría agregar que desde el ’83 a la actualidad, sistemáticamente los distintos gobiernos han aumentado el presupuesto para las fuerzas represivas de toda índole, y los índices delictivos son cada vez mayores también. Otro dato, aun mas importante, es que rara vez trasciende un caso de Gatillo Fácil, (en general asesinatos por la espalda a personas desarmadas) que baten el triste record de promediar una muerte cada cuarenta horas a manos de las fuerzas de “seguridad”.
Finalmente, queremos recalcar que estamos convencidos que estos grandes problemas de la sociedad, se solucionan con trabajo digno, educación y acceso a la salud pública. Una plena vigencia de los DDHH será posible si entre todos luchamos por una sociedad mas justa.